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La descapitalizacion del sector publico

La reciente referencia de la vicepresidente Saenz de Santamaria ha sacado a la luz uno de los mayores problemas estructurales del sector publico espanol, la profesionalizacion de los directivos y consejos de administracion de las empresas publicas, y lamentablemente la solucion basada en la limitacion con criterios de ‘cafe para todos’ a la baja no parece la mas adecuada, sobre todo en el momento actual, donde se necesita toda la artilleria preparada para revista, y a los mejores artilleros a cargo de las piezas para su correcto ensamblaje y funcionamiento.

Tradicionalmente las grandes empresas tomaron la decision de la creacion de grupos empresariales con varios objetivos, como son tanto la focalizacion de actividades, independencia de cuenta de resultados para diferentes negocios, y tambien la dinamizacion de la actividad empresarial basada en la division y ejecucion por pequenas unidades organizativas fuera de ‘los grandes elefantes’.

Sin embargo, en el sector publico espanol, la creacion de empresas publicas nace por motivos bien diferentes, tanto de agilidad supuesta como de capacidad para adaptacion sencilla a las realidades de mercado, pudiendo ser mas eficientes.

Sin embargo, desgraciadamente, esos objetivos originales pasaron rapidamente a convertirse en un nido de cargos que asignar entre el partido politico en el gobierno, y donde ademas no existian normas estrictas de remuneracion. Hay que tener en cuenta que entre estas empresas se encuentran grandes monstruos como el Instituto de Credito Oficial, la Sociedad Espanola de Participaciones Industriales, SEPI, etc., y donde los volumenes de empresa podian ir desde empresas de pequena envergadura hasta grandes grupos industriales.

En ese entorno, ademas, se fijo como norma de gobierno corporativo que algunos miembros de consejos de administracion deberian ser ocupados por miembros de las centrales sindicales y la patronal, llegando a la situacion actual.

Curiosamente el ultimo consejo de ministros se ha desmarcado con la propuesta de limitar los salarios de estos directivos publicos – en cualquier caso directivos – a un valor razonable, fijado entre los 105.000 y los 55.000 euros, en funcion del tamano de la compania.

Parece no ser una buena practica debido a que, aunque contenta a grupos como los indignados, sindicatos, etc., sin embargo no es mas que un ‘cafe para todos’ que dificilmente va a dar sus frutos.

Es entendible que se intenta evitar que personas con animo de lucro importante se acerquen al sector publico, al amparo del partido gobernante en cada caso, pero desgraciadamente lo que provoca es que personal cualificado tenga interes en acceder a esos puestos de responsabilidad, salvo en contadas ocasiones, y como ya ocurre – y segun algunos medios ya ha ocurrido esta legislatura – buenos profesionales no deseen asumir responsabilidades publicas, o de gobierno, sin una minima retribucion.

Pero el foco de atencion no hay que ponerlo tanto, en nuestra opinion, en la retribucion de los directivos del sector publico, sino focalizarlo en los procesos de seleccion y fijacion de la duracion del cargo para estos, de tal forma que no sen profesionales politicos al albur de cambios de gobierno, sino mas bien profesionales independientes, con confianza del gobierno vigente, pero que han sido seleccionados de una forma prudente.

Y como puede ser esa ‘forma prudente’ para seleccionarlos? Una potencial forma de realizar dicha seleccion seria crear un comite de seleccion de altos directivos del sector publico, formado por headhunters de las principales empresas nacionales y multinacionales del sector de la seleccion de alta direccion, que de forma independiente realizaran, de forma unanime dicha seleccion y donde todo cargo de alta direccion para empresas publicas tuviese que ser recomendado positivamente por dicho comite previamente.

De esta forma, con la independencia de un ‘comite de sabios’ que valorara la idoneidad de una u otra persona para un cargo, conseguiriamos a grandes profesionales para resolver el punto en que se encuentran las empresas publicas, sin menoscabar una retribucion, que aunque moderada, no puede ser fijada por decreto ley, ya que con estas actuaciones se desincentiva la participacion de los mejores profesionales – esto es, los que mas se adaptan a la vacante buscada – en el sector publico.

Sin embargo el gobierno ha intentado cruzar el precipicio y lo ha hecho en dos saltos, quedandose en el aire justo encima de ese gran problema que es la repetitiva reduccion salarial que dificilmente nos sacara de la crisis, pero agrada a los fans de determinadas tendencias que no parecen ser las del Partido Popular.

 

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